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El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, también conocido como PAMI, tiene por objeto otorgar a los beneficiarios y su grupo familiar primario, las prestaciones sanitarias y sociales tendientes, principalmente, a la protección de la salud. Estas prestaciones se brindan de acuerdo al  mayor nivel de calidad disponible para todos los beneficiarios, sin dejar de atender las particularidades e idiosincrasia propias de las diversas jurisdicciones provinciales y de las regiones del país.

Este organismo juega un rol central en el sistema de salud en nuestro país y las prestaciones que brinda son consideradas servicios de interés público, de allí su relevancia.

Desde la AGN aprobamos un informe que engloba los años 2011/ 2012 sobre las prestaciones brindadas por el PAMI en el marco del programa social, PROMOCIÓN DEL BIENESTAR DE LOS MAYORES, PRO-BIENESTAR.

El programa fue creado en 1992 con el propósito de elevar la calidad de vida y el bienestar de los afiliados, en particular de aquellos en situación de desamparo. El principal objetivo fue propiciar asistencia alimentaria, por esto se dispuso otorgar un Beneficio de Complemento Alimentario que impacte en la dieta de los afiliados que se encuentren en una situación socio-económica crítica.

Entre los hallazgos más relevantes de la AGN se destaca que el importe acreditado mensualmente a los beneficiarios, para la compra de productos frescos no se actualiza desde el año 2007, por lo que el poder de compra ha disminuido significativamente. Con la suma de $ 15, a valores del mes de julio del año 2007, se adquirían: 500 grs. de queso cremón familiar, 2 kgs. de pollo de campo y 6 unidades de huevos blancos. Por su parte, a valores del año 2012 la referida suma de $ 15 permitía adquirir: 178 grs. de queso cremón familiar, 711 grs. de pollo de campo y 2 unidades de huevos blancos, conforme precios del Mercado Central de Buenos Aires a abril de 2012. Claramente la eficacia del programa se encuentra afectada por la desactualización frente a la inflación. Por otro lado se observó que en las fichas individuales de los beneficiarios no se registraron los datos relativos a la evaluación nutricional en el momento del ingreso al programa.

Es muy importante subrayar que existen importantes falencias administrativas y operativas en Centros de Jubilados y Pensionados, donde detectamos la falta de exhibición de habilitación municipal, deficiencias edilicias como humedad, falta de pintura en las paredes y cielorrasos, ausencia de rampas para discapacitados y señalización de emergencia. El bolsón pesa 8 kilos y sumado a esto la bolsa en la que se entregan los alimentos es de polietileno y sin manijas, aumentando la dificultad de su traslado. No se cuenta con información relativa al número de afiliados, con su correspondiente padrón, que están en condiciones de recibir el Beneficio de Complemento Alimentario a fines de determinar el porcentaje de cobertura efectiva. Además el PAMI carece de información respecto si los Centros de Jubilados y Pensionados cuentan con los controles pertinentes de la autoridad sanitaria jurisdiccional correspondiente.

Por último se destaca la observación sobre el PROGRAMA PRO-BIENESTAR, el cual carece de un plan estratégico donde se definan los resultados esperados a fin de  permitir su posterior evaluación.

Sin embargo, los problemas en el PAMI no se limitan a los recientes hallazgos de la AGN, a principios de este año avizoramos situaciones alarmantes que pusieron en riesgo la continuidad de las prestaciones que provee el PAMI en la Provincia de Jujuy. Además también se denunciaba la existencia de altos montos de deudas pendiente de pago por parte del PAMI con los profesionales de la salud.

Hasta aquí el escenario que se nos presenta parece estar plagado de acciones que continúan socavando el acceso a las prestaciones y, como consecuencia, a la salud de nuestros mayores.

Estoy convencido que para avanzar en una mejor gestión de estas prestaciones debemos determinar en donde se hallan los problemas que requieren ser saneados, sólo así podremos optimizar el funcionamiento del PAMI.

 

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En nuestro país el 8,5 % de la población escolar, esto es 1 de cada 12 niños, se educa en establecimientos rurales. A pesar de ello, la accesibilidad a la educación en los ámbitos rurales se ve altamente limitada, evidenciándose ello en la falta de acceso a los 10 años de educación obligatoria, en tasas de repitencia, exceso de edad y deserción mucho más altas para los niños rurales que para sus pares urbanos.

También se destaca en áreas rurales la presencia de aulas con varios grados, la falta de acceso de los docentes rurales a fuentes de información y oportunidades de desarrollo profesional, y un histórico menor acceso a inversiones en cuestiones básicas como infraestructura, incluida electricidad y cloacas, equipamiento y materiales didácticos.

Dada la relevancia que la educación rural posee como modalidad de nuestro sistema educativo por propender al acceso igualitario al sistema educativo, fue que en el año 2013 realizamos desde la AGN un informe sobre el PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN RURAL. En aquella oportunidad auditamos el período que va entre los años 2006 a 2011. El Proyecto contó con un préstamo del Banco Mundial por un monto de $150 millones de dólares.  Además tuvo un plazo de cinco años, con prórroga a diciembre del año 2013.  

En el año 2006, con la Ley 26.206, de Educación Nacional, se formalizó la educación rural como modalidad del sistema educativo y se estableció al Ministerio de Educación como el organismo responsable de definir las medidas necesarias para que los servicios educativos en zonas rurales alcancen niveles de calidad equivalente a los urbanos. Para dar cumplimiento a esta ley, como así también a la Ley 26.075, de Financiamiento Educativo, es que fue establecido el PROMER – PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN RURAL, que tuvo como objetivo respaldar la política del gobierno nacional para mejorar la cobertura, la eficiencia y la calidad del sistema educativo de Argentina, en las escuelas rurales.

Cabe destacar la relevancia que posee en esta temática la región NEA y NOA, en donde, si bien la población representa sólo el 20 % de la población del país, la matrícula en zonas rurales constituye casi el 60 % de la matrícula total de las zonas rurales del país. A ello se suma el hecho de que 70% de los niños que no asisten a la escuela pertenecen a estas regiones.

Dadas las mayores necesidades en las provincias del NOA y NEA es que aproximadamente el 65% de las inversiones del Proyecto se destinaron a estas regiones. En el caso específico de la provincia de Jujuy, la misma tuvo una asignación del 3.20%, encontrándose sólo por debajo de la provincia de Catamarca, que tuvo una asignación del 3.30 %. Ambas provincias se encuentran dentro de la región NOA que, con asignaciones de un 34.60 %, fue la región que más asignaciones tuvo.

No obstante ello, observamos que las regiones NOA y NEA, a pesar de haber sido declaradas como prioritarias, finalmente recibieron una asignación de inversiones inferior al 65 % previsto, esto implicó un desvío de aproximadamente el 8%. En particular se destaca el caso de la provincia de Santa Cruz, que tuvo desvíos que alcanzaron 2755%.

En relación al análisis financiero concluimos que la menor asignación de recursos a las regiones NOA y NEA afecta la equidad interjurisdiccional pretendida y formalizada por el Proyecto. En el caso particular de la provincia de Jujuy se ejecutaron sólo 16 obras de un total de 30 anteproyectos presentados, esto representa tan sólo el 53%.

Teniendo en cuenta que en la región del NOA abundan las zonas de difícil acceso, deseo resaltar en particular el reciente suceso que tuvo lugar en el Departamento de Susques (Jujuy), en donde docentes de educación primaria denunciaron que no tienen acceso a unidades de transporte adecuadas. Esto es inaceptable teniendo en cuenta las condiciones climáticas de la Puna y la Quebrada, en donde en invierno las temperaturas superan los 10 grados bajo cero y existen pueblos que se encuentran a más de 4000 metros de altura.

Por otro lado, desde la AGN observamos que no se cumplió con la calendarización original de la ejecución del préstamo, lo cual determinó un pago mayor por comisiones de compromiso constituyendo un indicio de ineficiencia del proceso llevado adelante por la gestión. Así, el avance de la ejecución a la fecha de vencimiento original del Proyecto, estipulado para marzo del 2011, era de 69 %, lo cual daba cuenta de una subejecución del 31 % a esa fecha.

También desde la AGN determinamos que la subejecución determinó la existencia de dos claros indicadores de falta de eficiencia del proceso llevado adelante por la gestión, como son la prórroga del Proyecto en más de un 50% de su plazo original, con extensión hasta diciembre de 2013, y el pago de un 52% de comisiones de crédito por sobre las originalmente acordadas.

Debe destacarse que el mejoramiento de la modalidad de educación rural, necesaria para lograr la disminución de la desigualdad social, implica no un desarrollo suficiente, sino un desarrollo que permita que esta modalidad educativa alcance niveles de calidad equivalente a los urbanos.

Es en este contexto en el que se destaca lo establecido en el Artículo 19 de nuestra Constitución Nacional en cuanto a la igualdad estructural de oportunidades. Es necesario que las políticas públicas referidas a la educación se lleven adelante promoviendo tanto al acceso igualitario al sistema educativo, como la equidad de la educación, para propender a la igualdad estructural de oportunidades, de forma tal que los ciudadanos tengan la posibilidad de desarrollar las mismas capacidades a lo largo de todo el país. Es en este marco en el cual debe pensarse el particular caso de la educación rural, como aquella que, entre otras, promueve la igualdad estructural de oportunidades. No debemos olvidar que la educación es nuestra principal herramienta de inclusión social.

Estoy convencido de que toda sociedad tiene un deber permanente de mejorar y asegurar la autonomía de las generaciones futuras. Para ello, es necesario asegurar cada una de las condiciones que optimizan la forma en la que se distribuye la educación. En este sentido, se deben asegurar los contenidos necesarios, fijar el nivel de docencia adecuado y finalmente establecer las condiciones edilicias necesarias para impartir clases en un ámbito adecuado y agradable, para garantizar el máximo nivel de atención de los alumnos.   

En el año 2009, desde la Auditoria General de la Nación aprobamos un informe sobre el PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO. Esta auditoría abarcó el período que va desde 2004 al año 2008. Entre otras cosas, el Programa debía encargarse de la expansión de la infraestructura escolar en nuestro país, el mismo financió una nueva infraestructura educativa, lo cual sirvió para reemplazar edificios existentes con riesgo para la seguridad de los usuarios y aquellos que no alcanzaban los niveles de calidad  educativa requeridos.

Cabe destacar que un cuarto del dinero, es decir 250 millones de dólares, correspondiente a este Programa, se destinó a la expansión de la infraestructura escolar. Posteriormente se derivaron otros 266,6 millones de dólares adicionales, destinados al mismo fin. Este Programa se llevó adelante a través de un convenio de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo.

En este primer informe tuvimos distintos hallazgos. Detectamos que el grado de eficiencia de uno de los Subprograma dentro de este programa, se vio afectado por las demoras en el inicio efectivo de las obras, como también en la ejecución de las mismas. Estas demoras ocasionaron el pago de comisiones de compromiso excedentes, alrededor de 385 mil dólares. Además, las mayores debilidades que detectamos fueron las relativas al incumplimiento de los aspectos legales y administrativos, tales como alta informalidad y carencia de fundamentos de los procedimientos de reasignación de recursos entre las jurisdicciones. Sumado a esto se detectó que uno de los Subprograma careció de un adecuado método de archivo de documentación asociada a procesos licitatorios.

En un siguiente informe realizado en 2013 observamos que muchos de los hechos irregulares que detectamos en 2009, aún se mantienen vigentes, profundizando al deterioro educativo y disminuyendo la calidad edilicia de nuestros edificios educativos.

En el primer informe observamos que se pagaron comisiones de compromiso por excedente. Esta situación no fue modificada, y como consecuencia de ello se pagaron comisiones de compromiso que excedieron la proyección teórica original en un 24%, lo cual equivale a una cifra que ronda alrededor de los $ 180.000 dólares. En vez de aproximadamente $ 750.000 dólares proyectados, se pagaron alrededor de $ 900.000 dólares por este concepto.

A esto se suma un preocupante hallazgo de nuestro primer informe: todas las escuelas inspeccionadas presentaban, dentro de un lapso relativamente breve desde su entrega provisoria o definitiva, fallas en la ejecución de algunas tareas o incluso tareas incompletas.

Ahora bien, además de las condiciones edilicias, también deben tenerse en consideración aquellas situaciones que constituyen serios inconvenientes para el desarrollo educativo.

La mejora de nuestra educación debe darse en todos los niveles, debemos mejorar no sólo el contenido para preparar a los jóvenes para un futuro en donde la tecnología, las conexiones digitales y el acceso la red de internet juegan un rol fundamental, sino que también debemos asegurar la calidad de la cadena educativa conformada por las aulas, los edificios, el transporte y el mobiliario.

Tras la privatización del ferrocarril en los ´90 y dado los distintos problemas que se suscitaron para la Provincia de Jujuy a la hora de administrar sus ramales, se produjo el cierre de la mayoría de ellos. El abandono y el desguace de la infraestructura ferroviaria opacaron los objetivos del sistema ferroviario argentino.
En aquellos años, frente al inminente cierre de los ramales provinciales, con la Unión Cívica Radical realizamos una campaña que consistió en poner en funcionamiento el tren para realizar un último viaje desde San Salvador de Jujuy hasta la Quiaca.
A través de la autogestión y con el acompañamiento de la ciudadanía, realizamos un acto en cada estación. Era una manera de resistirnos al inminente abandono del ferrocarril como medio de transporte de pasajeros y de cargas, como también oponernos a la pérdida de las ventajas económicas, sociales y turísticas que brindaba el paso del tren por los pueblos. Lamentablemente, aquellas tristes palabras del ex presidente Carlos Menem, “Ramal que para, Ramal que cierra”, impactaron en la realidad de la Provincia y poco a poco los durmientes, vagones y rieles fueron desapareciendo.
Hoy, después de tantos años de desidia e indiferencia vuelve a estar en la agenda del gobierno la recuperación del ferrocarril, esto es altamente positivo para la sociedad.
Es posible recuperarlo, por lo tanto es imperioso tomar las medidas necesarias para la reactivación. No podemos olvidar que se ha perdido gran parte del material ferroviario y que paralelamente la crisis habitacional de los últimos años motivó el incremento de asentamientos en terrenos del Estado, muchos de ellos en antiguas estaciones ferroviarias.
Es necesario saber si el gobierno ha realizado un seguimiento de esta situación, como también si tiene la planificación necesaria para revertirla, teniendo en cuenta los intereses y la protección de aquellos que viven en los asentamientos. El resguardo de estas personas es clave a la hora de plantear las posibles soluciones.
Dado que es el Estado quien actualmente tiene a su cargo la administración y gestión de los ferrocarriles, debería tomar las riendas del asunto para incentivar el desarrollo del sistema de transporte de pasajeros y de cargas.
Si la Provincia reactiva este sistema el beneficio será enorme. En particular el tramo San Salvador de Jujuy- La Quiaca, el cual tiene la potencialidad de generar grandes ventajas. La reactivación de este tramo ferroviario tendría un alto valor estratégico para la zona.
Debe tenerse en cuenta el crecimiento exponencial de la demanda turística en los últimos años, lo cual nos ha generado la necesidad de escoltar ese crecimiento con una infraestructura que otorgue facilidades de traslado para turistas y habitantes de las distintas localidades.
Esto también puede reducir el índice de accidentes viales, porque evitaría la saturación que se genera en la ruta para las fechas tradicionales como el carnaval, la Virgen de Punta Corral, Semana Santa, entre otros acontecimientos locales de convocatoria masiva. A la vez reactivaría la conexión entre los distintos centros de producción de la zona, impactando positivamente en la economía, incluyendo a aquellas localidades que quedaron, en cierto sentido, aisladas luego del cierre del ferrocarril en los años ´90.
El transporte ferroviario de pasajeros en nuestra Provincia debe convertirse en una opción, incluso puede pensarse en las posibilidades de crear corredor internacional, que continúe hasta países limítrofes, como Bolivia y extenderse a Perú.
Hay mucho para hacer y esto es una materia pendiente no sólo a nivel provincial, sino también a nivel nacional. Es importante pensar en los beneficios que puede aportar a nuestro país la federalización de un sistema ferroviario que tenga la capacidad de competir con los demás medios de transporte, terrestres y aéreos, tanto de pasajeros como de carga.

La incorrecta implementación de la Ley 26.331 “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos”  es un tema que además de sensible, posee gran relevancia por su relación directa con la temática ambiental.

En nuestro país, existen seis ecorregiones que albergan bosques nativos, estas son: Parque Chaqueño, Selva de las Yungas, Selva Misionera, Espinal, Monte y Bosques Andino patagónicos. Los bosques nativos son ecosistemas forestales naturales compuestos principalmente por especies arbóreas nativas maduras y gran diversidad de flora y fauna que conforman una trama interdependiente con características propias y múltiples funciones, brindando diversos servicios ambientales a la sociedad, como también recursos naturales con posibilidad de utilización económica. La amenaza generalizada de todos los bosques del planeta es la degradación que consiste en la pérdida de biomasa.

Para darnos una idea de la relevancia de esta temática debemos tener en cuenta que en el año 1937 el censo nacional agropecuario indicaba una superficie de 37.500 millones de hectáreas de bosques nativos en nuestro país. La pérdida estimada de bosques nativos en el período que va desde 1937 a 1987 en nuestro país fue alrededor de 2 millones de hectáreas. Datos más recientes de la Dirección de Bosques de la Secretaría de Ambiente, muestran que la deforestación para el período 1998 a 2002, fue de aproximadamente de 230 mil hectáreas por año.

Las dos provincias que han registrado mayor aumento de pérdida de bosques en el período han sido Salta y Santiago del Estero, siendo la actividad agropecuaria la principal causa de deforestación, afectando de esta manera a las ecorregiones Parque Chaqueño y Selva de las Yungas.

El boom de la soja ha generado esta demanda de tierras que debieran preservarse, porque los bosques, y en particular los bosques nativos, tienen una función y un valor que van más allá de lo que pueda reportar la producción agropecuaria.

La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó recientemente un informe que analizó la implementación de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos durante los años 2007 a 2013. Allí se señaló, entre otros puntos, que algunos ordenamientos territoriales de bosques nativos no se ajustan a lo establecido en la ley nacional. Se destaca el caso de la Provincia de Salta, en donde se realizaron recategorizaciones de conservación de los bosques nativos que implicaron pasar de una categoría de conservación “Muy alta” a una “Mediana” o “Baja”.

Habiendo transcurrido más de 5 años de la sanción de la ley y cuatro de su reglamentación, las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, y Santa Feno cuentan con los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos acreditados como así también se observa que el Inventario Nacional de Bosques Nativos data del año 2005, a pesar de que el programa preveía su actualización periódica.

Sumado a esto se detectan dificultades en la incorporación de las comunidades indígenas y campesinas en el acceso a los beneficios de la ley.

La AGN observó que en las provincias relevadas se autorizan proyectos de desmonte que no cumplen con el requerimiento de la realización de audiencia pública previa; situación que representa un incumplimiento de la Ley Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y también de la Ley General del Ambiente.

Es muy importante destacar el informe realizado por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Jujuy, en el marco de la Audiencia Pública para la consulta de opinión pública del proyecto de cambio de uso del suelo propuesto por agroganadera El Mistol S.A. respecto a una finca ubicada en el distrito de Vinalito, Departamento de Santa Bárbara. De las constancias de esta presentación surge la recomendación del Defensor del Pueblo a rechazar el plan de cambio de uso del suelo. Además le plantea a la Provincia la necesidad de consultar a las comunidades originarias, las cuales por lo general son perjudicadas por este tipo de medidas, que incluyen órdenes y autorizaciones de desmontes indiscriminados, que luego producen perjuicios.

Lamentablemente, y una vez más, tenemos buenas leyes que no son cumplidas. Es importante terminar tanto con la dispersión legislativa como fomentar la armonía entre los distintos organismos y los distintos niveles de la administración, para generar certeza y certidumbre en las distintas temáticas que incumben a la sociedad argentina.

 

 

En nuestra provincia la cuestión habitacional constituye uno de los temas centrales y prioritarios de la agenda pública. Por ello fue que canalizamos un pedido de información a través del Centro de Estudios Sociales y Políticos, y de la Asociación Civil Bastión por la Justicia, una asociación integrada por jóvenes jujeños, ante el Instituto de Vivienda y Urbanismo de la Provincia de Jujuy. Se presentó el pasado 24 de Abril, fundado en la Ley Provincial 4444 de Publicidad de los Actos de Gobierno y de Libre Acceso a la Información del Estado.

Los temas centrales sobre los que se solicitó información involucran los criterios utilizados para la selección de las Cooperativas que ejecutan las obras del Programa 45, de Fortalecimiento Comunitario y Hábitat, a cargo del Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios de la Nación, y si es que existe un plan de acción que proteja a los beneficiarios de programas habitacionales financiados por el Estado Nacional y Provincial en aquellos supuestos en los que aún no se entregó la escritura traslativa de dominio correspondiente. También se solicitó información para conocer la cantidad de viviendas construidas, su adjudicación y escrituración, y si es que los beneficiarios de planes de vivienda, a quienes no se les ha otorgado la respectiva escritura traslativa de dominio, han iniciado acciones judiciales.

Lo que motivó la presentación de este pedido fue principalmente la situación de público conocimiento acerca de la existencia de desalojos llevados adelante por la organización Tupac Amaru en asentamientos ubicados en el barrio de Alto Comedero. Uno de ellos fue cubierto por el diario digital El Libertario, el 20 de Agosto del año 2008. Otro fue cubierto por el Diario Pregón el 18 de mayo de este año, en donde se mostraron a unas 30 familias resistieron un desalojo compulsivo. En este último intervino el personal de la Comisaría Seccional 56 de barrio ATSA y distintas autoridades provinciales para controlar el incidente. Estos hechos demuestran una falencia grave en la realización y efectivización del derecho a vivienda ya que la modalidad utilizada para la adjudicación de viviendas resulta ser una adjudicación ficticia, que acarrea situaciones de tenencia precaria, incertidumbre y falta de certeza. Estas actitudes se han constituido en un verdadero patrón de comportamiento por parte del Estado, que parece haber dejado a los destinatarios de viviendas en una situación de vulneración de sus derechos.

El pedido de informe realizado no obtuvo respuestas. Debo decir que, aunque en el Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos el derecho de acceso a la información pública se encuentra conceptuado como una precondición del propio orden democrático, no se proveyó la información requerida. Esta es información pública, es de todos los jujeños y sirve para conocer la forma en la que el Estado Provincial maneja los recursos públicos.

Ante la falta de respuesta al pedido de información, se impulsó un amparo ante la Justicia Provincial, solicitando que se inste al IVUJ para que produzca un informe sobre los antecedentes que motivaron la falta de respuesta oportuna y para que brinde respuesta al pedido.

Arbitraremos los medios necesarios y llegaremos hasta las últimas instancias para lograr que la información pública llegue a manos de los ciudadanos, sobre todo teniendo en consideración a los principales afectados: los tenedores de vivienda.  No debemos olvidar que la transparencia y el control público son pilares de las sociedades modernas y que el derecho de acceso a la información pública permite controlar la corrupción, optimizar la eficiencia del gobierno, fomenta la transparencia de la gestión realizadas por la Administración Pública, pero sobre todo hace más robusta nuestra democracia.  

Desde la AGN, hemos intentado promover en forma constate y reiterada la tutela adecuada del medioambiente, exigiendo mayor control a las entidades locales allí donde parecen ausentes. Además, para el caso en que ellas omitan efectuar los controles adecuados, hemos promovido la ejecución y aplicación de la legislación de presupuestos mínimos ambientales.

Recientes desarrollos a nivel global señalan la necesidad de contar con mecanismos de control que estén orientados, no solo a evaluar la performance de la gestión medioambiental del gobierno, sino también determinar sus efectos en la calidad de vida de la población y en los niveles de preservación del ambiente para las generaciones futuras. Allí radica la relevancia de esta tarea, porque se ve afectado nuestro futuro.    

Cabe mencionar el evento que tuvo lugar ayer en el Honorable Senado de la Nación, donde se realizó la Jornada de “Desprotección Ambiental en la Argentina y Federalismo. El rol de la Auditoría General de la Nación”. Allí debatimos sobre esta problemática y sobre sus implicancias, porque sabemos que necesitamos un federalismo dinámico y cooperativo, que pueda adaptarse a las nuevas circunstancias y a los nuevos desafíos que impone la protección del ambiente.

Entiendo que es necesario dar un mayor protagonismo a las provincias en el diálogo tanto intra e inter federal, de manera de que importantes sectores de las relaciones y distribución de competencias en un Estado Federal se produzca por la concertación y cooperación de los actores relevantes y no como una imposición dominadora desde la Nación. Debemos rechazar un federalismo ingenuo y autodestructivo.

El federalismo ambiental debe ser concebido de modo tal que rechace una concepción estática de la distribución de competencias entre lo local y lo federal. También debemos pensar en un constante diálogo fomentado por este federalismo dinámico entre cada uno de los actores de la federación, esto es entre el Estado Federal, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los distintos Municipios. Es necesario fortalecer las posibilidades de coordinación del organismo destinado a la aplicación de los estándares desarrollados en procura de la protección del ambiente.

Las respuestas más adecuadas a los cambios y a los desafíos que hoy se presentan ante nosotros deben venir del debate. Es la discusión pública la que nos permitirá lograr los mejores argumentos, y tomar las decisiones acertadas para la construcción de políticas que preserven el medio ambiente y que permitan mantener la calidad ambiental para las generaciones futuras.