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Archivos Mensuales: junio 2014

La incorrecta implementación de la Ley 26.331 “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos”  es un tema que además de sensible, posee gran relevancia por su relación directa con la temática ambiental.

En nuestro país, existen seis ecorregiones que albergan bosques nativos, estas son: Parque Chaqueño, Selva de las Yungas, Selva Misionera, Espinal, Monte y Bosques Andino patagónicos. Los bosques nativos son ecosistemas forestales naturales compuestos principalmente por especies arbóreas nativas maduras y gran diversidad de flora y fauna que conforman una trama interdependiente con características propias y múltiples funciones, brindando diversos servicios ambientales a la sociedad, como también recursos naturales con posibilidad de utilización económica. La amenaza generalizada de todos los bosques del planeta es la degradación que consiste en la pérdida de biomasa.

Para darnos una idea de la relevancia de esta temática debemos tener en cuenta que en el año 1937 el censo nacional agropecuario indicaba una superficie de 37.500 millones de hectáreas de bosques nativos en nuestro país. La pérdida estimada de bosques nativos en el período que va desde 1937 a 1987 en nuestro país fue alrededor de 2 millones de hectáreas. Datos más recientes de la Dirección de Bosques de la Secretaría de Ambiente, muestran que la deforestación para el período 1998 a 2002, fue de aproximadamente de 230 mil hectáreas por año.

Las dos provincias que han registrado mayor aumento de pérdida de bosques en el período han sido Salta y Santiago del Estero, siendo la actividad agropecuaria la principal causa de deforestación, afectando de esta manera a las ecorregiones Parque Chaqueño y Selva de las Yungas.

El boom de la soja ha generado esta demanda de tierras que debieran preservarse, porque los bosques, y en particular los bosques nativos, tienen una función y un valor que van más allá de lo que pueda reportar la producción agropecuaria.

La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó recientemente un informe que analizó la implementación de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos durante los años 2007 a 2013. Allí se señaló, entre otros puntos, que algunos ordenamientos territoriales de bosques nativos no se ajustan a lo establecido en la ley nacional. Se destaca el caso de la Provincia de Salta, en donde se realizaron recategorizaciones de conservación de los bosques nativos que implicaron pasar de una categoría de conservación “Muy alta” a una “Mediana” o “Baja”.

Habiendo transcurrido más de 5 años de la sanción de la ley y cuatro de su reglamentación, las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, y Santa Feno cuentan con los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos acreditados como así también se observa que el Inventario Nacional de Bosques Nativos data del año 2005, a pesar de que el programa preveía su actualización periódica.

Sumado a esto se detectan dificultades en la incorporación de las comunidades indígenas y campesinas en el acceso a los beneficios de la ley.

La AGN observó que en las provincias relevadas se autorizan proyectos de desmonte que no cumplen con el requerimiento de la realización de audiencia pública previa; situación que representa un incumplimiento de la Ley Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y también de la Ley General del Ambiente.

Es muy importante destacar el informe realizado por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Jujuy, en el marco de la Audiencia Pública para la consulta de opinión pública del proyecto de cambio de uso del suelo propuesto por agroganadera El Mistol S.A. respecto a una finca ubicada en el distrito de Vinalito, Departamento de Santa Bárbara. De las constancias de esta presentación surge la recomendación del Defensor del Pueblo a rechazar el plan de cambio de uso del suelo. Además le plantea a la Provincia la necesidad de consultar a las comunidades originarias, las cuales por lo general son perjudicadas por este tipo de medidas, que incluyen órdenes y autorizaciones de desmontes indiscriminados, que luego producen perjuicios.

Lamentablemente, y una vez más, tenemos buenas leyes que no son cumplidas. Es importante terminar tanto con la dispersión legislativa como fomentar la armonía entre los distintos organismos y los distintos niveles de la administración, para generar certeza y certidumbre en las distintas temáticas que incumben a la sociedad argentina.

 

 

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En nuestra provincia la cuestión habitacional constituye uno de los temas centrales y prioritarios de la agenda pública. Por ello fue que canalizamos un pedido de información a través del Centro de Estudios Sociales y Políticos, y de la Asociación Civil Bastión por la Justicia, una asociación integrada por jóvenes jujeños, ante el Instituto de Vivienda y Urbanismo de la Provincia de Jujuy. Se presentó el pasado 24 de Abril, fundado en la Ley Provincial 4444 de Publicidad de los Actos de Gobierno y de Libre Acceso a la Información del Estado.

Los temas centrales sobre los que se solicitó información involucran los criterios utilizados para la selección de las Cooperativas que ejecutan las obras del Programa 45, de Fortalecimiento Comunitario y Hábitat, a cargo del Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios de la Nación, y si es que existe un plan de acción que proteja a los beneficiarios de programas habitacionales financiados por el Estado Nacional y Provincial en aquellos supuestos en los que aún no se entregó la escritura traslativa de dominio correspondiente. También se solicitó información para conocer la cantidad de viviendas construidas, su adjudicación y escrituración, y si es que los beneficiarios de planes de vivienda, a quienes no se les ha otorgado la respectiva escritura traslativa de dominio, han iniciado acciones judiciales.

Lo que motivó la presentación de este pedido fue principalmente la situación de público conocimiento acerca de la existencia de desalojos llevados adelante por la organización Tupac Amaru en asentamientos ubicados en el barrio de Alto Comedero. Uno de ellos fue cubierto por el diario digital El Libertario, el 20 de Agosto del año 2008. Otro fue cubierto por el Diario Pregón el 18 de mayo de este año, en donde se mostraron a unas 30 familias resistieron un desalojo compulsivo. En este último intervino el personal de la Comisaría Seccional 56 de barrio ATSA y distintas autoridades provinciales para controlar el incidente. Estos hechos demuestran una falencia grave en la realización y efectivización del derecho a vivienda ya que la modalidad utilizada para la adjudicación de viviendas resulta ser una adjudicación ficticia, que acarrea situaciones de tenencia precaria, incertidumbre y falta de certeza. Estas actitudes se han constituido en un verdadero patrón de comportamiento por parte del Estado, que parece haber dejado a los destinatarios de viviendas en una situación de vulneración de sus derechos.

El pedido de informe realizado no obtuvo respuestas. Debo decir que, aunque en el Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos el derecho de acceso a la información pública se encuentra conceptuado como una precondición del propio orden democrático, no se proveyó la información requerida. Esta es información pública, es de todos los jujeños y sirve para conocer la forma en la que el Estado Provincial maneja los recursos públicos.

Ante la falta de respuesta al pedido de información, se impulsó un amparo ante la Justicia Provincial, solicitando que se inste al IVUJ para que produzca un informe sobre los antecedentes que motivaron la falta de respuesta oportuna y para que brinde respuesta al pedido.

Arbitraremos los medios necesarios y llegaremos hasta las últimas instancias para lograr que la información pública llegue a manos de los ciudadanos, sobre todo teniendo en consideración a los principales afectados: los tenedores de vivienda.  No debemos olvidar que la transparencia y el control público son pilares de las sociedades modernas y que el derecho de acceso a la información pública permite controlar la corrupción, optimizar la eficiencia del gobierno, fomenta la transparencia de la gestión realizadas por la Administración Pública, pero sobre todo hace más robusta nuestra democracia.  

Desde la AGN, hemos intentado promover en forma constate y reiterada la tutela adecuada del medioambiente, exigiendo mayor control a las entidades locales allí donde parecen ausentes. Además, para el caso en que ellas omitan efectuar los controles adecuados, hemos promovido la ejecución y aplicación de la legislación de presupuestos mínimos ambientales.

Recientes desarrollos a nivel global señalan la necesidad de contar con mecanismos de control que estén orientados, no solo a evaluar la performance de la gestión medioambiental del gobierno, sino también determinar sus efectos en la calidad de vida de la población y en los niveles de preservación del ambiente para las generaciones futuras. Allí radica la relevancia de esta tarea, porque se ve afectado nuestro futuro.    

Cabe mencionar el evento que tuvo lugar ayer en el Honorable Senado de la Nación, donde se realizó la Jornada de “Desprotección Ambiental en la Argentina y Federalismo. El rol de la Auditoría General de la Nación”. Allí debatimos sobre esta problemática y sobre sus implicancias, porque sabemos que necesitamos un federalismo dinámico y cooperativo, que pueda adaptarse a las nuevas circunstancias y a los nuevos desafíos que impone la protección del ambiente.

Entiendo que es necesario dar un mayor protagonismo a las provincias en el diálogo tanto intra e inter federal, de manera de que importantes sectores de las relaciones y distribución de competencias en un Estado Federal se produzca por la concertación y cooperación de los actores relevantes y no como una imposición dominadora desde la Nación. Debemos rechazar un federalismo ingenuo y autodestructivo.

El federalismo ambiental debe ser concebido de modo tal que rechace una concepción estática de la distribución de competencias entre lo local y lo federal. También debemos pensar en un constante diálogo fomentado por este federalismo dinámico entre cada uno de los actores de la federación, esto es entre el Estado Federal, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los distintos Municipios. Es necesario fortalecer las posibilidades de coordinación del organismo destinado a la aplicación de los estándares desarrollados en procura de la protección del ambiente.

Las respuestas más adecuadas a los cambios y a los desafíos que hoy se presentan ante nosotros deben venir del debate. Es la discusión pública la que nos permitirá lograr los mejores argumentos, y tomar las decisiones acertadas para la construcción de políticas que preserven el medio ambiente y que permitan mantener la calidad ambiental para las generaciones futuras.