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Archivos Mensuales: julio 2012

En un informe sobre los Derechos Humanos de los pueblos indígenas la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuestionó la eficacia del programa a cargo del INAI. Esta notable alerta de la ONU coincide con un informe previo de la AGN donde se advertía la sub-ejecución presupuestaria y la falta de voluntad política del Gobierno Nacional en la real y efectiva inclusión social de los pueblos originarios.

 

En su visita a la Argentina James Anaya, Relator Especial de la ONU, reconoce como un avance la implementación de la Ley 26.160 pero advierte la alarmante brecha entre lo escrito y su implementación real. En aquella ley, recordemos, se establece un programa de Relevamiento Territorial para elaborar un registro de las tierras tradicionalmente ocupadas por pueblos originarios. Entre sus principales observaciones, el relator de la ONU  calificó como “escasa” la asignación de presupuesto a esta institución.

La AGN en su informe de gestión aprobado por resolución N° 83[1] había advertido la ineficacia del programa referido. En efecto, el INAI recibió partidas por $ 30 millones para la ejecución total del programa pero al término del plazo fijado avanzó tan solo un 4,22% en la identificación de las tierras aborígenes. En 2009, ante el exiguo avance del programa, el Gobierno Nacional únicamente extendió el plazo por cuatro años y otorgó $ 30 millones más de presupuesto, sin corregir ninguna de las causas de la ineficiencia e ineficacia del INAI. La AGN ha dejado claro que una mayor asignación presupuestaria al INAI no resolvería la cuestión de fondo. Si el anterior presupuesto fue sub-ejecutado, el simple hecho de aumentarlo sin mejorar el INAI y el programa sólo asegura mayores pérdidas de recursos públicos.

Otra destacable coincidencia entre ambos informes es la identificación de responsabilidades. El informe de la ONU, define a los Estados Federal y provinciales como responsables de “…priorizar y dedicar mayores esfuerzos a los pueblos indígenas como así también enfocar especialmente en el reconocimiento y protección de tierras y recursos naturales…”[2]. Por su parte la AGN detectó que de casi $ 25 millones desembolsados por el INAI, seis provincias no pudieron justificar los gastos que realizaron con dichos fondos[3], a pesar de ello el INAI continuó destinando fondos a estas provincias sin esclarecer previamente la irregularidad, afectando directamente la transparencia del organismo auditado.

El informe de la ONU pretende el fortalecimiento, la protección y el desarrollo de los derechos de los pueblos originarios. En este aspecto también coincide con los fines que se fijo la AGN en su rol de máximo organismo de control externo del funcionamiento del Gobierno.

 

 

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