Ya la Constitución de 1994 obligaba a reconocer la propiedad de los pueblos originarios. Sin embargo, hasta el día de hoy ningún gobierno nacional saldó esta deuda. Respetar a los pueblos originarios también es inclusión social.
Protección constitucional de los Pueblos Originarios
La Constitución Nacional reconoce a los pueblos originarios y les garantiza, entre otros derechos, la propiedad de sus territorios ancestrales. Este mandato constitucional impone a los gobiernos nacionales y locales políticas públicas concretas e inclusivas. Conforme los datos del último relevamiento, el 2.8 % de la población total del país, se reconocen como pertenecientes y/o descendientes en primera generación de algún pueblo originario. Ellos habitan sobre una extensión geográfica de 15 millones de hectáreas del territorio.[1]
La Ley 23.302, del año 1985, creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) cuya función actual es hacer efectivos los derechos económicos y culturales de los habitantes originarios.
La Política de Relevamiento de Tierras Comunitarias
En 2006, mediante la Ley 26.160, se creó un Programa de Relevamiento Territorial cuyo objetivo era elaborar un registro de las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos originarios. Dicho programa contó con un plazo de realización de 3 años, siendo financiado por un fondo especial de $ 30 millones. En 2010, al vencimiento de los términos establecidos en la Ley 26.160, el relevamiento territorial no había tenido mayores avances. Ante esta ausencia de cumplimiento, la Ley 26.554 prorrogó los plazos de ejecución hasta fines de 2013, asignándose además otros $ 30 millones extras para concretar su tarea.
El control de la Auditoría General de la Nación
La Auditoría General de la Nación llevó adelante una auditoría de gestión. Entre los hallazgos más importante de la AGN se destaca la sub-ejecución del Programa. En los primeros tres años, su nivel de ejecución fue alarmantemente bajo, avanzando tan solo un 4,22 % en la identificación territorial.[2]
Asimismo, la AGN detectó que de casi $ 25 millones desembolsados por el INAI, seis provincias no pudieron justificar los gastos que realizaron con dichos fondos. Entre ellas, Tucumán, Chubut, Misiones, Neuquén, Santa Cruz y Santiago del Estero. [3] Lo más graves es que, a pesar de estos incumplimientos, el INAI continuó enviando fondos a estas provincias sin exigir explicaciones ni mecanismos de solución de estos problemas.
La AGN advirtió también que el sistema de información del INAI no permite identificar el grado de cumplimiento de las acciones planificadas. Señaló asimismo la falta de razonabilidad en la asignación de recursos humanos y la inexistencia de elementos que posibiliten relacionar en forma armónica los recursos afectados con las acciones necesarias.
Finalmente la AGN objetó por falta de transparencia una serie de convenios entre el INAI y otros organismos públicos y privados. Entre estos acuerdos, que no permiten un control efectivo sobre los recursos públicos, se destacan dos.
1) Convenios con la Universidad de Lanús: la AGN destaca una injustificada tercerización de labores administrativas, que terminan por encarecer tareas que debería llevar adelante el propio INAI. Se subraya también la ausencia de rendiciones de cuentas. [4]
2) Convenio con Fundación Argeninta: este convenio fue entre el INAI, el INTA y el Instituto del Aborigen Chaqueño, otorgando participación en la administración y disposición de fondos a la Fundación Argeninta. En una modalidad que ya fue objetada por la AGN en otro informe de Gestión [5], se da intervención a una Fundación en la operatoria de recursos públicos sin ningún tipo de control, evadiendo con ello toda la normativa legal referida al uso de fondos públicos. [6]
Conclusiones
Con este informe la AGN busca seguir fortaleciendo su rol fundamental en la protección de los derechos otorgados por la Constitución y en el control constante de las políticas públicas nacionales. En el caso del INAI en particular, los hallazgos de la AGN son de trascendental importancia para reorientar las políticas públicas del Estado a fin de que se revierta la histórica política de invisibilización de nuestras comunidades originarias.[7] Respetar a los pueblos originarios y darles el lugar que merecen, eso también es inclusión social.
[1] Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI), Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2004-05.
[2] Gestión – Instituto Nacional de Asuntos indígenas – Ministerio de Desarrollo Social, Res. 83/2012, p. 20
[5] Gestión – Fundación Argeninta, Res. 147/2011
[7] BORÓN, Atilio, Prólogo, en Pueblos indígenas y pobreza. Enfoques multidisciplinarios. Cimadamore, Alberto et al,. CLACSO-CROP, Buenos Aires, 2006.
