archivo

Archivos Mensuales: junio 2012

Ya la Constitución de 1994 obligaba a reconocer la propiedad de los pueblos originarios. Sin embargo, hasta el día de hoy ningún gobierno nacional saldó esta deuda. Respetar a los pueblos originarios también es inclusión social.

Protección constitucional de los Pueblos Originarios

La Constitución Nacional reconoce a los pueblos originarios y les garantiza, entre otros derechos, la propiedad de sus territorios ancestrales. Este mandato constitucional impone a los gobiernos nacionales y locales políticas públicas concretas e inclusivas. Conforme los datos del último relevamiento, el 2.8 % de la población total del país, se reconocen como pertenecientes y/o descendientes en primera generación de algún pueblo originario. Ellos habitan sobre una extensión geográfica de 15 millones de hectáreas del territorio.[1]

La Ley 23.302, del año 1985, creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) cuya función actual es hacer efectivos los derechos económicos y culturales de los habitantes originarios.

 

La Política de Relevamiento de Tierras Comunitarias

En 2006, mediante la Ley 26.160, se creó un Programa de Relevamiento Territorial cuyo objetivo era elaborar un registro de las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos originarios. Dicho programa contó con un plazo de realización de 3 años, siendo financiado por un fondo especial de $ 30 millones. En 2010, al vencimiento de los términos establecidos en la Ley 26.160, el relevamiento territorial no había tenido mayores avances. Ante esta ausencia de cumplimiento, la Ley 26.554 prorrogó los plazos de ejecución hasta fines de 2013, asignándose además otros $ 30 millones extras para concretar su tarea.

 

El control de la Auditoría General de la Nación

La Auditoría General de la Nación llevó adelante una auditoría de gestión. Entre los hallazgos más importante de la AGN se destaca la sub-ejecución del Programa. En los primeros tres años, su nivel de ejecución fue alarmantemente bajo, avanzando tan solo un 4,22 % en la identificación territorial.[2]

Asimismo, la AGN detectó que de casi $ 25 millones desembolsados por el INAI, seis provincias no pudieron justificar los gastos que realizaron con dichos fondos. Entre ellas, Tucumán, Chubut, Misiones, Neuquén, Santa Cruz y Santiago del Estero. [3] Lo más graves es que, a pesar de estos incumplimientos, el INAI continuó enviando fondos a estas provincias sin exigir explicaciones ni mecanismos de solución de estos problemas.

         La AGN advirtió también que el sistema de información del INAI no permite identificar el grado de cumplimiento de las acciones planificadas. Señaló asimismo la falta de razonabilidad en la asignación de recursos humanos y la inexistencia de elementos que posibiliten relacionar en forma armónica los recursos afectados con las acciones necesarias.

            Finalmente la AGN objetó por falta de transparencia una serie de convenios entre el INAI y otros organismos públicos y privados. Entre estos acuerdos, que no permiten un control efectivo sobre los recursos públicos, se destacan dos.

1) Convenios con la Universidad de Lanús: la AGN destaca una injustificada tercerización de labores administrativas, que terminan por encarecer tareas que debería llevar adelante el propio INAI. Se subraya también la ausencia de rendiciones de cuentas. [4]

2) Convenio con Fundación Argeninta: este convenio fue entre el INAI, el INTA y el Instituto del Aborigen Chaqueño, otorgando participación en la administración y disposición de fondos a la Fundación Argeninta. En una modalidad que ya fue objetada por la AGN en otro informe de Gestión [5], se da intervención a una Fundación en la operatoria de recursos públicos sin ningún tipo de control, evadiendo con ello toda la normativa legal referida al uso de fondos públicos. [6] 

Conclusiones

Con este informe la AGN busca seguir fortaleciendo su rol fundamental en la protección de los derechos otorgados por la Constitución y en el control constante de las políticas públicas nacionales. En el caso del INAI en particular, los hallazgos de la AGN son de trascendental importancia para reorientar las políticas públicas del Estado a fin de que se revierta la histórica política de invisibilización de nuestras comunidades originarias.[7] Respetar a los pueblos originarios y darles el lugar que merecen, eso también es inclusión social.

 


[1] Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI), Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2004-05.

[5] Gestión – Fundación Argeninta, Res. 147/2011

[7] BORÓN, Atilio, Prólogo, en Pueblos indígenas y pobreza. Enfoques multidisciplinarios. Cimadamore, Alberto et al,. CLACSO-CROP, Buenos Aires, 2006.

Anuncios

Bajo la actual gestión, Aerolíneas Argentinas ha ido incrementando su déficit en forma constante y no alcanzó las metas propuestas de generar ganancias desde el periodo 2012. La Auditoría General de la Nación busca advertir algunos de estos problemas y colaborar, de este modo, en su resolución.

GESTION RECALDE – KICILLOF

En septiembre de 2008, se confirma la transferencia del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas y sus empresas controladas al Estado Nacional, producto de lo establecido por la Ley 26.466 de Expropiación.

Durante el primer año Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima (ARSA) funciona sin un Plan de Negocios que diese soporte a la gestión operativa. La ausencia de esta herramienta básica de gestión, tempranamente detectada por la Auditoría General de la Nación (AGN), conspiró contra una correcta toma de decisiones de la administración ya desde sus orígenes[1].

En junio de 2009 se designó como Gerente General de ARSA a Mariano Recalde, quien nombró, entre otros dirigentes políticos, al economista Axel Kicillof en el cargo de Gerente Financiero de ARSA. A fines de ese mismo año ambos concurrieron al Congreso de la Nación a presentar un Plan de Negocios por el periodo 2010-2014.

En aquel plan, Axel Kicillof afirmaba que ARSA sería superavitaria en 2012.

Un año más tarde, Recalde y Kicillof volvieron al Congreso a destacar que bajo su gestión ARSA había aumentado la venta de pasajes, la cantidad de vuelos y las frecuencias, además de haberse renovado la flota mediante la adquisición de aeronaves Embraers 190.

Sin embargo, en aquella oportunidad ya se advertían las primeras inconsistencias de aquello que había sido previsto. Así, a pesar de que el déficit previsto para 2010 era de 200 millones de dólares, debieron reconocer que las pérdidas eran más del doble, alcanzando los 482 millones de dólares.

DEFICIT DE AEROLINEAS

De este modo, y en contraste a lo estipulado por el Plan de negocios, el Estado ha venido financiando con recursos públicos el déficit constante de la empresa, aportando actualmente más de dos mil millones de pesos por año.

El déficit crónico de Aerolíneas se verifica año tras año:

2008   $ 931.556.682

2009   $2.393.023.335

2010   $2.310.965.525

2011   $2.449.013.614

Ante la falta de resultados por parte de la gestión estatal, a finales del año 2011 se anunció un “nuevo Plan de Negocios”, donde se sugirieron medidas ya advertidas por la AGN como[2], por ejemplo, el análisis de la factibilidad económica de las rutas, la homogeneización de la flota o la necesidad de unificar áreas operativas, entre otras. Medidas necesarias pero tardíamente implementadas.

 

EL CONTROL DE LA AUDITORIA

Siguiendo el mandato constitucional, la AGN ha ido realizando una supervisión de la del primer año de gestión en ARSA. En su informe de auditoría (res. 55/11) pueden destacarse varios puntos.

 

– Pese a que ARSA aumentó la venta de pasajes y la frecuencia de sus vuelos, el déficit de la empresa siguió siendo alto, con casi 500 millones de dólares de pérdida para 2011.

– La AGN detectó que la empresa no tenía capacidad para generar fondos, siendo sostenida únicamente con aportes del estado.

– La AGN había detectado una sobre-dotación de Pilotos, existiendo un excedente de 15 comandantes y 147 copilotos, acorde a la normativa de la ANAC.    

¿Quiénes son responsables del DEFICIT?

Finalmente, uno de los principales problemas que encontró la AGN es que el Estado omitió instrumentar todos los mecanismos a fin de discriminar los pasivos generados por las operaciones normales de las empresas, de aquellos que se hubiesen originado en operaciones dolosas o fraudulentas o que tuvieran causa en la mala gestión de los administradores” conforme lo exigía la Ley 26.466 que dio origen a ARSA.

Esta omisión dificulta la posibilidad de que la comunidad política realice un seguimiento confiable y efectivo de las cifras reales del déficit crónico de ARSA.

El incumplimiento de esta ley toma especial relevancia cuando el Estado requirió a finales de 2010 el pedido del levantamiento del concurso preventivo iniciado en 2001, extinguiendo de este modo cualquier posibilidad de esclarecer las irregularidades de la gestión española.

 

Conclusión: Una gestión que da pérdidas.

Pese a las metas presentadas por la gestión Recalde-Kicillof de tornar la empresa rentable a partir del 2012, este objetivo no está siendo alcanzado y el déficit en el que se encuentra Aerolíneas Argentinas mantiene su proceso de profundización.

El informe producido por la AGN da pruebas de que Aerolíneas Argentinas podría reducir radicalmente su déficit si se continúan realizando las modificaciones y los controles que fueron recomendados en informes anteriores.

Nueva Propuesta de Auditoría:

En vista de este escenario, el Auditor Alejandro Nieva propuso una nueva Auditoría de Gestión sobre Aerolíneas. Esta propuesta fue aprobada por el Colegió de Auditores Generales a principios de este año. Esta Auditoría estará centrada en aspectos de gestión empresaria, tales como participación en el mercado de Aerolíneas, coeficiente de ocupación de aeronaves, rentabilidad de rutas de los vuelos, recursos humanos y aspectos financieros vinculados a los aportes del Estado Nacional y costos de combustibles.


[1] Gestión – Aerolíneas Argentinas SA (ARSA) – Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur SA (AU), Res. 55/2011, pp. 25, 135. 

[2] Ibid., Res. 55/2011, pp. 22-24, 30-32, 41-45, 135-137.